CONFIDENCIAL

“No hay hecho punible qué perseguir”, afirmó la Fiscalía contra la Corrupción al indicar que no se comprobó la compra de dos aviones Pampa III que Jimmy Morales fue a negociar con Mauricio Macri en julio de 2019 a la Argentina, por unos US$28 millones.

Para desestimar la persecución penal de la cual Jimmy salta de la alegría, se programó una audiencia para el próximo 2 de febrero de 2022, donde el Ministerio Público dejará de participar.

FINANCISTA

Jimmy Morales presumía de ser un sacrosanto enviado contra la corrupción negándose a recibir dinero y regalos de alguno de sus ministros quienes si robaban descaradamente, hasta se lavaba las manos para decir ingenuamente que los responsables serían los encargados de cada despacho.

Varios se creyeron ese cuento, que si funciono con algunos, pero otros allegados sabían que el comediante había recibido grandes cantidades de dinero durante la campaña no solo de los empresarios guatemaltecos, sino, especialmente de Federico Machado.

En la fotografía que circuló el 2 de julio cuando Jimmy Morales presumia un Pampa III, enfrente se encontraban los hermanos Machado, dueños de la empresa productora de esos aviones.

QUIEN ES MACHADO

Fred Machado no había pasado desapercibido en Guatemala por su altanería y prepotencia que presumía ser dueño de aviones, helicópteros y varias minas piratas que funcionaban a su sabor y antojo.

Hasta ahí, no era alguien de respeto. Solo un simple argentino que se creía dios, como la mayoría. Hasta que fue capturado en Argentina por ser el cerebro de una ruta de cocaína entre Colombia y México con narcojets que transportaron cualquier cantidad de droga.

La orden de captura provino del tribunal de Distrito Este de Texas a cargo del fiscal Nicholas J Ganjei, acusándolo de lavado de dinero, asociación ilícita por estafar en la compra de aviones a inversores por US$250 millones, además de colocar matrículas estadounidenses para traficar cocaína por lo que enfrenta de 20 años de prisión a cadena perpetua.

Y todo apunta a que pasará el resto de su vida en prisión debido a que César Gastelum Serrano alias La Señora, declarara en su contra, como lo hizo en el juicio del siglo, al denominado caso en contra de Joaquín Guzmán Loera, el chapo.

La Señora fue operador del Cártel de Sinaloa en América Central, incluido en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el 8 de enero de 2015 junto a sus hermanos Alfredo, Jaime y Guadalupe Candelario, por sus vínculos narcos y al que las fuerzas de seguridad de México atraparon el 11 de abril de 2015 en Cancún.

La guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, declaró contra La Señora para conseguir una reducción de pena así como éste lo hizo en el juicio al Chapo.

LOS PRIMEROS 1,500 KILOS

Las autoridades de los Estados Unidos comenzaron a sospechar de la organización internacional vinculada a Machado en 2012 cuando inversores de buena fe denunciaron estafas en la compra de aviones, pero su investigación dio un giro cuando sus pares de México secuestraron en noviembre de 2018 una de esas avionetas: estaba en una pista de aterrizaje clandestina, llevaba 1,556 kilos y tenía destino final Belice.

Desde entonces, los investigadores relacionaron a Machado y otros empresarios aeronáuticos con otras siete avionetas cargadas con 9,166 kilos más en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Belice y México. Dos de esos fueron operados por traficantes al servicio del Cártel de Sinaloa.

Machado ya estuvo preso en Estados Unidos: un tribunal de Florida lo condenó el 5 de agosto de 2003 a pasar un día en la cárcel por tenencia de cocaína. La segunda vez fue en 2018 por este caso vinculado a los narcojets aunque consiguió la excarcelación. No dudó, entonces, en escapar.

ASESINAN A JUEZ EN PETEN

El narcojet más emblemático fue el decomisado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en la frontera de Guatemala con México: un exfuncionario mexicano y tres argentinos, un expolicía costarricense y los locales Emanuel López López y Víctor López Mendoza se enfrentaron el 16 de diciembre de 2019 con las fuerzas federales.

Se trataba de la banda de los primos del cartel, denominada por el parentesco entre los López. Víctor, el jefe, fue abatido. Las autoridades de Guatemala informaron que el operativo terminó con los otros arrestados, 2,572 kilos asegurados y una pista más sobre los aviones de Machado.

Extrañamente, el juez del caso, Waldo Alvizurez Ruano, ordenó siete meses después excarcelar a los acusados sin importarle el peligro de fuga implícito en el caso de los seis extranjeros sin arraigo en el país.

Más extraño fue que un sicario apoyado por un cómplice en una moto ejecutó a quemarropa al magistrado el 21 de octubre de 2020 mientras conversaba con tres abogados en un restaurante en Petén. Todo quedó grabado por la cámara de seguridad del local.

LOS NARCOJET DE MACHADO

Los reportes sobre cómo fueron decomisando esos jets privados entre 2018 y 2020 en Latinoamérica, la mayoría en Guatemala, cuya selva es una escala en la ruta de los contrabandistas, son parte de un proceso penal cuyas averiguaciones encabezó el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional – HSI.

La acusación presentada en una corte federal de Texas afirma que AGC y sus filiales hicieron negocios sabiendo que sus unidades terminarían en poder de miembros de carteles.

Los empresarios se llenaron los bolsillos borrando en sus registros el rastro de los narcos. Mientras que a los traficantes les permitió mover cargas millonarias en unidades que tenían una codiciada matrícula con la letra ‘N’, lo cual indica que está registrada en EEUU y por ello está sujeta a menos escrutinio en otros países.

Caminos de tierra en la jungla guatemalteca son usados como pistas clandestinas por las organizaciones dedicadas al tráfico de droga.

Los jets del Cartel de Sinaloa

Gracias a este esquema que ocultó quiénes piloteaban los jets, el Cartel de Sinaloa voló uno marcado con el número N241CW. Llevaba 1.2 toneladas de cocaína cuando se estrelló en Venezuela el 9 de diciembre de 2018, describe la acusación federal.

Un año antes, el empresario Carlos Rocha Villaurrutia lo compró a través de la empresa TWA, socia de AGC, y lo registró en la Administración Federal de Aviación –FAA, para volarlo desde Phoenix, Arizona y hacia Ciudad Juárez, México.

El 7 de enero de 2019, un mes después del choque en Venezuela, TWA trató de deslindarse solicitando una cancelación para exportar la unidad a México. Rocha Villaurrutia, radicado en Texas, es uno de los implicados en este caso.

Otro avión usado por el cartel tenía la matrícula N311BD. El dueño era Heriberto Gastelum Calderón, un narcotraficante sinaloense. Pero Kayleigh Moffett, una ejecutiva de AGC, transfirió ese jet a la flotilla de su empresa y solicitó un permiso para volar la unidad en México el 16 de diciembre de 2019.

De esa manera, el mafioso quedó fuera del radar incluso teniendo antecedentes por distribución de drogas en EEUU. Lo arrestaron en diciembre de 2007 en Cleveland, Ohio, como resultado de una investigación enfocada en su célula criminal. El FBI lo siguió hasta un hotel de la ciudad cuando trataba de vender droga.

Le decomisaron 14 kilos de cocaína valorada en más de dos millones de dólares, más de $80,000 en efectivo y un camión.

En junio de 2008 lo sentenciaron a 57 meses de prisión y lo liberaron dos años después, según registros judiciales revisados por Univision Noticias.

Al volver a México, este contrabandista subió de rango en el cartel. Así lo confirma el decomiso de 2.3 toneladas de cocaína que las autoridades de Belice encontraron dentro de su jet en febrero de 2020.

Dos meses después de ese operativo militar, Moffett intentó marcar distancia presentando una factura de venta para devolverle el avión al traficante. Pero la unidad seguía bajo custodia del gobierno beliceño.

La FAA verificó más tarde que Gastelum Calderón no cumplía los requisitos de ciudadanía para registrar la nave en EEUU.

Un piloto muerto y un narcojet en Chetumal

En un aeropuerto de Bogotá, la Policía colombiana arrestó en enero de 2020 a varias personas que abordaban un jet con matrícula N777EH. Al registrar el equipaje encontraron casi 200 kilos de cocaína. Se dirigían a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.

Ese avión fue comprado en enero de 2018 por la empresa texana Projects Inc, cuyo administrador Michael Assad Marcos trabaja en colaboración con AGC. Marcos es uno de los implicados en el caso.

La Fiscalía afirma que un día después del decomiso en Bogotá, Marcos vendió la unidad, a pesar de que esta seguía bajo resguardo del gobierno colombiano. Fue su estrategia para que no lo involucraran con los narcos.

En México se registraron dos incidentes en los que estuvo vinculada la compañía AGC. Uno ocurrió en marzo de 2019, cuando un piloto murió tras chocar un jet que transportaba 1.2 toneladas de cocaína.

Una empleada de la compañía le escribió al arrendador de la nave para preguntarle sobre dicho incidente, a solicitud de las autoridades estadounidenses.

Pero el encargado le respondió negando lo sucedido: “Esa información es falsa. La aeronave se encuentra actualmente en el aeropuerto de Toluca, en el hangar 6A. Ahora está en mantenimiento y, por lo tanto, en tierra”.

El otro hecho ocurrió en noviembre de 2018. Un Hawker 700A intentó aterrizar en una pista clandestina en Belice y terminó haciéndolo de emergencia en un aeropuerto de Chetumal, en el estado mexicano de Quintana Roo. El piloto huyó dejando atrás 1.5 toneladas de droga.

El Hawker 700A era propiedad de Michael Assad Marcos, quien también es dueño de la compañía Jetnet, con sede en Delaware. Se lo arrendó a un mexicano que no está siendo señalado en este caso.

El Departamento de Justicia asegura que Marcos canceló el registro del jet dos semanas después del decomiso de la droga y reportó que lo había vendido a un comprador extranjero, aunque en realidad lo tenían asegurado en un hangar del gobierno mexicano.

Otra vez trataba de deslindarse.

La acusación señala que AGC operaba a través de su representante Guillermo García Méndez, dueño y operador de la empresa GMAVIACION S.A. de C.V. Este hombre también es señalado por la Fiscalía.

“Sus recursos son infinitos”

Guatemala tiene la selva tropical más grande de Centroamérica y eso lo están aprovechando los carteles. Militares de ese país encontraron 50 jets cargados con droga o vacíos en 2019.

“Estamos hablando de una industria que tiene suficiente dinero para abandonar en la selva aviones que valen millones”, dijo el coronel del Ejército de Guatemala, Juan de la Paz, a The Washington Post. “Sus recursos son infinitos y nosotros solo estamos tratando de estar al día», agregó.

Cuatro de esas aeronaves detectadas hace tres años en pistas de tierra en Guatemala eran de la empresa texana AGC, según la Fiscalía estadounidense.

A finales de 2019 un jet que compró Texton Enterprises de Wyoming, cuyo único dueño es el empresario Carlos Rocha Villaurrutia, fue incautado con más de 2.5 toneladas de cocaína en Guatemala. Los fiscales afirman que, a pesar de que él se presentaba como dueño de la unidad con matrícula N939RR, “otras entidades financiaron y operaron la aeronave”.

El Ejército guatemalteco también localizó en enero de 2020 un jet que transportaba 1.7 toneladas de cocaína. Lo abandonaron en un camino de tierra en la selva. Se hizo viral un video que muestra la pericia del piloto que lo hizo despegar en un terreno uniforme, angosto y corto. Lo escoltó un helicóptero militar.

El avión tenía una matrícula sobrepuesta. La real fue registrada ante la Administración Federal de Aviación por Kayleigh Moffett, la ejecutiva de AGC.

Producción récord de cocaína

La justicia estadounidense señala a ocho dueños, ejecutivos y socios de AGC de varios delitos relacionadas con lo que describe como “una compleja conspiración internacional de tráfico de drogas” y lavado de dinero.

Todos los acusados ya mencionados y la dueña de AGC, Debbie Mercer, fueron arrestados por agentes federales. Ellos enfrentan una condena mínima a 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El caso describe alrededor de 350 millones de dólares en presunta actividad criminal desde 2016. Se alega que los clientes de AGC usaron las ganancias por la venta de droga para comprar más aviones y cocaína. Los adquirían haciendo transacciones de bancos a corporaciones fantasmas en EEUU.

“El uso de aeronaves registradas en Estados Unidos por estas organizaciones criminales y sus redes de asociados representa un peligro claro y presente para la seguridad de nuestro país”, advirtió sobre este caso el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, en un comunicado.

Mientras la producción de cocaína se mantiene en niveles récord en América del Sur, cada vez más carteles usan aviones privados para mover sus cargamentos hacia EEUU, según un nuevo informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En 2019 se reportó una producción de cocaína pura de 1,886 toneladas métricas en Bolivia, Colombia y Perú, los tres países que dominan ese mercado ilícito. En Colombia, que lidera la lista, la producción subió de 877 toneladas métricas en 2018 a 936 toneladas de la droga el año siguiente.

“Las organizaciones colombianas de tráfico de drogas exportan grandes cargamentos de cocaína a través de México, el corredor centroamericano y el corredor del Caribe, utilizando una variedad de medios marítimos y aéreos, incluyendo lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, semisumergibles (submarinos de fabricación casera), aeronaves privadas y carga comercial aérea y marítima”, cita la agencia.

La DEA reporta que el 74% de los cargamentos de cocaína son transportados por la ruta del Pacífico, haciendo escala en la selva centroamericana y en bodegas secretas en México, hasta llegar a EEUU. Este sistema no se vio afectado ni siquiera por la pandemia, afirma la agencia.

CAPTURAN AL ARGENTINO

Machado nació en Viedma el 2 de enero de 1968, pero se radicó en Miami. Allí posee al menos dos empresas dedicadas a la aviación en el estado de Florida, denominadas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing.

El pasado 24 de febrero, la Justicia estadounidense lo acusó de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína mediante el uso de la flota de aviones de su propiedad.

El 1° de abril, libró una orden de detención por los delitos de “asociación ilícita para la fabricación y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude virtual”.

A partir de allí, la Interpol ordenó su captura internacional y finalmente la Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina lo atrapó, cuando llegó al aeropuerto de Neuquén para tomarse un vuelo con destino a Buenos Aires.

Incluso, se cree que intentó realizar un nuevo lavado “por 34 millones de dólares en Argentina”.

El 2 de enero de 2011 los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá aterrizaron en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Llegaron a bordo de un jet Bombardier Challenger 604 cargado con 944,5 kilos de cocaína.

Los Juliá se convirtieron así en los protagonistas de una de las historias más escandalosas sobre el tráfico de drogas entre Argentina y España. Ambos fueron condenados a cumplir 13 años de prisión.

El nombre de Machado figuró en aquella historia. El ahora detenido empresario fue quien le consiguió a Gustavo Juliá el primer avión (un Howker) con el que comenzaron los vuelos a Europa, entre 2009 y 2010.

CONTINUARÁ…