Guasave / Sinaloa | A casi tres años de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue contundente: existen elementos para señalar que personal de la Marina participó en la detención, desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes en Guasave.
La recomendación 206VG/2026 establece que Alejandro Guadalupe Castro Urías, de 22 años, y Jorge Alfredo Espinosa, de 28, fueron “retenidos de manera arbitraria, agredidos y posteriormente privados de la vida”, en un caso que la propia Comisión califica como desaparición forzada.
La madrugada del 23 de mayo de 2023, ambos fueron localizados sin vida, con huellas de violencia, golpes y disparos, a espaldas de un expendio de cerveza sobre la carretera a Las Glorias, entre la calle 700 y Palos Verdes.
Horas antes, uno de ellos había advertido a una amiga que pasaría por un retén de la Marina. Fue la última comunicación.
Después, el silencio.
La investigación de la CNDH reconstruye una cronología que contradice la versión oficial. Testigos ubican patrullas saliendo del cuartel de la Marina en Boca del Río, con luces apagadas, en horarios coincidentes con la desaparición.
Uno de ellos relató:
“Veo que de la camioneta bajan a un muchacho a trancazos… pedía que lo soltaran… al otro lo bajan inconsciente, con la cara llena de sangre”.
Otro testigo aseguró haber escuchado golpes y quejidos durante más de 20 minutos dentro de las instalaciones navales.
Las videograbaciones analizadas por la Comisión coinciden con los testimonios: unidades oficiales entrando y saliendo del cuartel en los tiempos clave.
“A pesar de que la MARINA negó su participación, existen testimonios y registros que dan cuenta que vehículos oficiales entraron y salieron en horarios coincidentes a la detención”, concluye el organismo.
Incluso, en un informe posterior, la propia Marina reconoció el movimiento de más unidades de las inicialmente reportadas, así como la detonación de un arma por parte de uno de sus elementos.
Para la CNDH, esto no desvirtúa los hechos. Al contrario.
“Se permite acreditar, de manera indiciaria, la participación de la MARINA en la detención, desaparición y posterior localización sin vida de las víctimas”.
El organismo también documentó que las agresiones ocurrieron dentro de instalaciones navales, donde los jóvenes fueron golpeados e interrogados antes de ser trasladados y abandonados sin vida.
“Los derechos humanos se vulneraron desde el momento en que fueron detenidos en un retén… continuaron durante todo el tiempo en que estuvieron retenidos ilegalmente y fueron agredidos”, señala la recomendación.
Tras casi tres años, la CNDH exigió a la Marina reparar el daño a las víctimas indirectas, brindar atención psicológica a sus familias y colaborar plenamente con las investigaciones de la Fiscalía estatal y la FGR.
El caso, que en su momento generó protestas y exigencias de justicia por parte de familiares, hoy tiene un señalamiento institucional claro.
Tres años después, la verdad comienza a tomar forma… y apunta directamente a quienes juraron proteger.
