Gerardo Vargas, más cerca de la cárcel que de regresar a la alcaldía de Ahome

Ahome | El escenario político y jurídico para Gerardo Octavio Vargas Landeros, exalcalde del municipio de Ahome, se torna cada vez más oscuro. A pesar de múltiples intentos por recuperar el cargo mediante una extensa estrategia de amparos, las decisiones de los tribunales, los actos consumados en su contra y una serie de omisiones legales lo colocan más cerca de enfrentar responsabilidades penales que de volver a ocupar la presidencia municipal.

A continuación, se presenta una crónica legal completa y cronológicamente estructurada del proceso que enfrenta Vargas Landeros, derivado de presuntas irregularidades en la adquisición de patrullas con un valor multimillonario, tema que motivó su desafuero y lo mantiene en una batalla jurídica con pocos resultados positivos.

Cronología del caso Gerardo Vargas Landeros

  • 1 de mayo de 2025: El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó, mediante juicio de procedencia, el desafuero y separación del cargo de Gerardo Vargas como presidente municipal de Ahome.
  • 2 de mayo de 2025: Antonio Menéndez de Llano Bermúdez fue designado como alcalde sustituto por el Congreso local.
  • 5 de mayo de 2025: Menéndez tomó posesión del cargo durante sesión de cabildo.
  • 16 de mayo de 2025: El Juzgado Quinto de Distrito en Los Mochis aceptó la competencia del juicio de amparo 314/2025, declinada previamente por el Juzgado Tercero de Distrito en Culiacán. Ese mismo día, se negó la suspensión provisional solicitada por Vargas Landeros, al considerar los actos reclamados como consumados, lo que impediría conceder una medida cautelar con efectos restitutorios. Los actos reclamados incluían la expedición y publicación de artículos constitucionales del estado, así como el proceso legislativo que derivó en su desafuero, todos ellos calificados como actos de aplicación de normas que ya surtieron efecto.
  • 21 de mayo de 2025: Vargas interpuso un recurso de queja contra la negativa de suspensión provisional.
  • 22 y 23 de mayo de 2025: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito (Mazatlán) admitió y resolvió infundado el recurso, confirmando la negativa de suspensión.
  • 17 de junio de 2025: El Congreso del Estado, a través de su Mesa Directiva, también impugnó la admisión del juicio de amparo 314/2025.
  • 20 de junio de 2025: En audiencia incidental, el Juzgado Quinto de Distrito declaró improcedente la suspensión definitiva solicitada por Vargas, reiterando que se trataba de un acto consumado y, por tanto, fuera del alcance de una suspensión con efectos restitutorios.
  • 15 de julio de 2025: Vargas presentó el amparo indirecto 1832/2025 ante el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, reclamando diversos actos de autoridades sinaloenses, incluyendo supuestas órdenes de aprehensión y tortura, así como su separación del cargo sin debido proceso.
  • 16 de julio de 2025: El Tribunal Colegiado en Mazatlán acusó recibo del juicio de amparo 314/2025 e informó que el recurso de queja del Congreso se registró como el expediente 134/2025.
  • 23 de julio de 2025: Cecilia Hernández Flores, síndica procuradora de Ahome, fue separada formalmente del cargo, pero no existe constancia de notificación al Ayuntamiento sobre esta decisión en el expediente del amparo.
  • 29 de julio de 2025: El juez de distrito en Zacatecas concedió suspensión definitiva en el juicio 1832/2025 a favor de Vargas Landeros. La resolución ordena su inmediata restitución al cargo de presidente municipal de Ahome, cesando los efectos de los artículos 136 de la Constitución de Sinaloa y 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
  • 5 y 6 de agosto de 2025: El juzgado en Zacatecas publicó dos acuerdos relacionados con el cumplimiento de la suspensión. Se requirió a diversas autoridades su cumplimiento inmediato en 24 horas, bajo apercibimiento de multa, y se fijó audiencia para el 15 de agosto de 2025. Sin embargo, no se ha notificado formalmente al Ayuntamiento, ni se ha girado exhorto para poner en posesión del cargo al quejoso.


Por qué Gerardo Vargas está más cerca de perder que de ganar

  1. Actos consumados y jurisprudencia en contra.
    Las resoluciones judiciales, tanto provisionales como definitivas, calificaron los actos de desafuero y separación del cargo como consumados, lo que impide cualquier medida cautelar que revierta tales acciones. La jurisprudencia nacional es clara: la suspensión de actos consumados no es procedente.
  2. Suspensión sin notificación legal.
    Aunque el juez de Zacatecas concedió una suspensión el 29 de julio, esta aún no ha sido notificada formalmente a las autoridades responsables, como el Ayuntamiento de Ahome y el Congreso del Estado de Sinaloa, quienes además se encuentran en periodo vacacional. El incidente de incumplimiento abierto y las amenazas de multa no tienen sustento legal pleno sin notificación válida.
  3. Omisiones procesales graves.
    Vargas omitió informar al Juzgado de Zacatecas sobre el juicio previo 314/2025, ya resuelto en su contra. Esta omisión puede constituir una conducta ilícita, vulnerando el principio de buena fe procesal y generando posibles responsabilidades para él y el juez que admitió el amparo sin advertir la duplicidad.
  4. Litigio masivo como estrategia dilatoria.
    Desde abril hasta julio de 2025, Vargas ha presentado al menos 20 amparos indirectos en diversas entidades federativas, lo que evidencia una estrategia para entorpecer los procesos judiciales y administrativos en su contra. Esta maniobra, lejos de ayudarlo, ha generado desconfianza y debilitado su posición legal.

Gerardo Vargas Landeros ha perdido su posición política, ha sido derrotado judicialmente en múltiples ocasiones y enfrenta un cerco legal cerrado. Su intento por ser reinstalado mediante un amparo promovido en Zacatecas se tambalea por falta de notificación, posibles irregularidades procesales y una evidente estrategia de litigación desesperada.

Aun si logra una restitución temporal, el proceso penal por la adquisición irregular de patrullas por millones de pesos sigue vigente, y el riesgo de enfrentar medidas cautelares o una eventual orden de aprehensión continúa latente.

En este momento, Gerardo Vargas está más cerca de enfrentar a la justicia que de recuperar el poder.

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