Guasave | Sinaloa | Desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decretó el 29 de marzo la prohibición de comida chatarra en escuelas públicas y privadas del país, comerciantes que históricamente han vendido frituras, dulces y nieves afuera de los planteles, han sido tratados como si vendieran productos ilícitos.
Particularmente en el municipio de Guasave, la autoridad municipal ha emprendido una cacería contra estos trabajadores, con amenazas, hostigamientos y desalojos bajo el argumento de que violan la nueva disposición federal, aun cuando esta no faculta a las corporaciones policiacas para intervenir.
El problema es más de fondo: la SEP ordenó el retiro de comida chatarra dentro de las escuelas, no en la vía pública. Pero en lugar de revisar lo que se vende en las tiendas escolares donde todavía abundan papitas y refrescos, el blanco han sido los de siempre: los más vulnerables.
Cada vendedor ambulante representa una familia que subsiste con lo que vende en la calle. La mayoría paga impuestos, permisos municipales y ha trabajado por años en paz. Sin embargo, hoy se les amenaza con ser llevados a barandilla.
Esto contraviene lo que establece el Artículo 5º de la Constitución Mexicana, que garantiza la libertad de trabajo y de comercio mientras la actividad sea lícita. Ni los mandatos federales ni el celo institucional justifican el uso del poder policial para intimidar a ciudadanos cuyo único delito es intentar llevar comida a su casa.
Mientras los planteles escolares siguen vendiendo los mismos productos al interior, los policías municipales en Guasave acosan a los comerciantes en las banquetas. Una situación que no solo raya en lo absurdo, sino que puede tener consecuencias legales para quienes ordenan y ejecutan estos actos fuera del marco constitucional.
La inconformidad crece, y en cualquier momento los vendedores podrían reactivar sus uniones para defender lo que por derecho les corresponde: su trabajo, su ingreso y su dignidad.
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