Sinaloa / A inicios de enero de 2026, los costos de peaje en varias casetas del estado de Sinaloa registraron un aumento significativo, generando críticas por parte de usuarios, transportistas y sectores políticos que cuestionan la falta de mejoras visibles en la infraestructura carretera.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, señaló que el incremento en las casetas de peaje ubicadas en San Miguel, Angostura y Culiacán representa un golpe para las economías familiares y el sector transporte, sin que los recursos recaudados se reflejen en carreteras en buen estado ni en una mayor seguridad vial para los usuarios. 
“Iniciamos este mes de enero con esta mala noticia para las familias sinaloenses… se cobra más sin que haya mejoras visibles en las vías”, afirmó Lugo, quien calificó el ajuste como una medida meramente recaudatoria. 
Impacto económico y social
El dirigente priista destacó que el incremento en los peajes no solo afecta a quienes viajan ocasionalmente, sino también a quienes dependen diariamente de las carreteras para trabajar, estudiar o transportar mercancías. Según sus declaraciones, el aumento eleva los costos operativos del transporte y podría trasladarse a los precios al consumidor final en bienes y servicios. 
Hasta ahora, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial detallada sobre las razones técnicas o financieras detrás del ajuste. Sin embargo, la inconformidad social crece ante la percepción de que el incremento no viene acompañado de una mejora sustancial en el mantenimiento de las rutas ni en la seguridad vial.
Contexto y antecedentes
No es la primera vez que los usuarios sinaloenses enfrentan ajustes en las tarifas de peaje. En años recientes, diversos tramos carreteros han registrado aumentos que han sido motivo de debate público, aunque las particularidades de cada incremento varían según el tramo concesionado y el organismo encargado de su administración. 
Mientras tanto, organizaciones civiles y grupos sociales observan con atención las medidas adoptadas por las autoridades, y algunos incluso anticipan posibles protestas si no se garantiza una gestión transparente de los recursos recaudados por los peajes.
